En Sonora 6 menores de la comunidad del Molino de Camou, al oriente del municipio de Hermosillo arrojaron resultados preocupantes, confirmados por instituciones no gubernamentales, ya que principalmente se detectaron metales pesados como arsénico, cobre y fierro en su sangre.

Esto ha provocado la indignación de los habitantes de la región del río Sonora puesto que ya se habían presentado casos de manchas en la piel y mareos en las personas, además de que padres de niños de Ures y Biviácora habían sido llevados a estudios en Estados Unidos y aseguraban contar con evidencia de la existencia de estos metales en la sangre de sus hijos.

Francisco Javier Durán, jefe municipal de Biviácora mencionó que hay 75 personas que serán atendidas y sometidas a estudios por presentar síntomas similares a los de los 6 menores. También comentó que existe una unidad de atención médica temporal ubicada en el municipio de Ures para atenderlos además de que recibirán apoyos económicos.   

En los ríos Sonora y Bacanuchi la minera Buenavista de cobre, de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviado de cobre acidulado en agosto del año anterior, entonces la Semarnat proclamó que este seria el más grande desastre ecológico provocado por la minería del país.

El 27 de abril la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) instó a Grupo México a indemnizar durante 15 años a todas la personas que fueron afectadas en su #Salud por el desastre ecolólogico. Ante esta situación la minera pagó mil millones de pesos, a lo que las autoridades respondieron que de ser necesario la empresa seria obligada a pagar otros mil millones.

Con la aportación monetaria se pretende la construcción de una clínica de especialidades, para atender las secuelas que puedan surgir en la salud de los afectados, lamentablemente la construcción de dicha clínica se ha postergado una y otra vez sin haber una explicación adecuada para ello.

El derrame afectó a los municipios de Ures, Huépac, Aconchi , entre otros. Hoy día no se han pagado las compensaciones a los agricultores y ganaderos afectados ni se han construido plantas tratadoras de agua como se había pactado.