Los cadetes del Colegio Militar avanzan sobre los Campos Elíseos a la cabeza de la columna que recorre el glorioso trayecto que va desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia. Llevan en alto la bandera tricolor y portan águilas, símbolos vivos de la patria mexicana. Se conmemora un aniversario más desde aquel 14 de julio de 1789, en que los parisinos tomaron bajo su control la fortaleza medieval conocida como La Bastilla, marcando el final del antiguo régimen. Era el inicio de la Revolución Francesa.

En el podio principal de este acto conmemorativo se encuentra el presidente de Francia, Francoise Hollande, en compañía de su invitado de honor, Enrique Peña Nieto, presidente de México. Es una ocasión histórica: nunca antes una visita de Estado había coincidido con una fecha tan importante para el país europeo.

No muy lejos de ahí, hacia el sur del río Sena, otro presidente mexicano es huésped distinguido de la ciudad desde hace cien años. Su arribo a la capital francesa, en los inicios del siglo XX, marcó el triunfo de una revolución social en México. Ambos presidentes representan dos estadios contrastantes del Estado: Díaz, el Estado autoritario que explica la Revolución; Peña Nieto, el Estado fallido que explica el reinado del crimen organizado. Porque, mientras transcurre el vistoso desfile militar en París, es inevitable pensar en lo que ocurre del otro lado del Atlántico, donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha iniciado formalmente el control de los daños causados por la fuga de El Chapo

Descartar su renuncia, despedir a tres funcionarios (incluido el director del penal de Altiplano), mantener a 31 personas en calidad de presentados y prometer una búsqueda exhaustiva que no dará descanso al prófugo, son algunas de las primeras medidas, además de denunciar la corrupción, la deslealtad y la traición como condición necesaria para la evasión. Pero existe un elemento preocupante en su discurso que no puede pasar desapercibido: la fuga de El Chapo fue posible gracias a dos puntos ciegos en el sistema de vigilancia de la celda del delincuente más peligroso del penal, dos puntos ciegos que existen por respeto a la intimidad del recluso. Los Derechos Humanos nuevamente son impedimento para el pleno ejercicio de la justicia en México. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese relato? 

Para la construcción del túnel del escape fue necesaria ingeniería sofisticada, planificación, inteligencia, acceso a los planos de la cárcel y una silenciosa logística que se desenvolvió ante los ojos del personal de un penal de máxima seguridad. La fuga requirió también de condiciones específicas como la permanencia del reo en la misma celda durante el año y medio de su reclusión. No obstante, desde la óptica del encargado de la política interna, la fuga se explica por las prerrogativas inherentes a los Derechos Humanos. 

Mientras el presidente de México visita el mausoleo de Napoleón Bonaparte en la Iglesia de Los inválidos, en París, otra tumba, infinitamente más austera y discreta, se mantiene a la sombra de un pino en el cementerio de Montparnasse; es la tumba del constructor del moderno Estado mexicano que supo mantener, durante más de treinta años, el monopolio legítimo de la violencia. Los excesos del porfiriato, que comienzan con su duración, la injusticia en que vivían las mayorías y el asfixiante ambiente político que dio origen a la revolución, no impiden advertir el abismo que separa a aquel Estado autoritario con el Estado fallido que permite la existencia de un poder paralelo opuesto a las leyes y cuyo líder principal se fugó el sábado pasado a través de un túnel de un kilómetro y medio de longitud. 

El dinero que permite comprarlo todo al crimen organizado, en especial un grueso segmento del Estado compuesto por funcionarios de jerarquía media, busca hoy comprar la colaboración de los ciudadanos para recapturar a El Chapo. La procuradora general de la República ha prometido 60 millones de pesos a quien proporcione información que conduzcan hasta el paradero del prófugo. Es el mismo dinero que no ha llegado al sistema penitenciario para mejorar su funcionamiento, al menos así lo deja ver el informe de la Comisión Nacional de Seguridad que en 2013 estableció nueve observaciones: torres sin vigilancia, detectores de sustancias prohibidas obsoletos, cámaras con cronometría errónea, entre otras. 

No obstante esas anomalías, llaman la atención otras fallas al interior del penal del Altiplano, como las prerrogativas de que gozaba Guzmán Loera: una amplia comunicación que le permitió, según la periodista Anabel Hernández, autora de “Los señores del narco”, organizar en 2014 una huelga de hambre que involucró a casi mil reos, incluyendo a algunos líderes de cárteles enemigos. El hombre a quien se atribuyen miles de muertes violentas pudo concertar la voluntad de los internos del penal para denunciar presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional (AI) hizo una declaración donde considera que el respeto a los Derechos Humanos de los presos no es un impedimento para garantizar la seguridad de un penal. Unas horas después, el secretario de Gobernación vuelve a los reflectores para confirmar que, en efecto, los Derechos Humanos no influyeron en la fuga de El Chapo. 

Los presidentes de México y Francia descansan de una larga jornada conmemorativa y, en sus tumbas, Napoleón Bonaparte y Porfirio Díaz duermen el sueño de los justos. #Crónica Ciudad de México #Cultura Ciudad de México