"A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a su profesión, industria, comercio o #Trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad".

Así dice el primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 123 establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley". Pero la tercera parte de la población económicamente activa, es decir, los mexicanos en edad de trabajar, no tiene oportunidad de hacerlo, no disfruta ese derecho.

Anuncios
Anuncios

Al no crearse los empleos necesarios, con las características que constitucionalmente debe reunir: digno y socialmente útil, pues no se promueve la inversión y reinversión de los capitales para desarrollar la planta productiva nacional, crecen las maquiladoras que pagan salarios de hambre y “se largan” cuando se les exige mejorar un poco las condiciones salariales y contractuales de su personal, cuando se les pide que repartan mejor la riqueza a través de más salario y prestaciones sociales.

Pero muchos compatriotas no tienen ni siquiera esa fuente de ingresos, no tienen trabajo digno, ni indigno, ni socialmente útil; por eso invaden las banquetas, plazas públicas terminales, estaciones del metro y todo espacio por donde circule gente con el fin de vender la más diversa gama de objetos legales o ilegales: el ambulantaje o comercio informal que, efectivamente, no es socialmente útil desde el punto de vista productivo, pero es la válvula de escape, que permite a quienes son privados de los mencionados derechos constitucionales, obtener el sustento de sus familias.

Anuncios

Y, como no todos caben en los espacios públicos ni todos pueden vender baratijas porque pronto no habrá quien compre, esto da pie al incremento de la delincuencia, aislada u organizada, que asuela a nuestro país. La obligación de al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley, que se impone al gobierno, se cumple sólo en el ámbito militar y policial, precisamente para combatir a quienes, obligados por la desobligación del gobierno incurren en dichas actividades consideradas indignas y perjudiciales para la sociedad, como la madre desnaturalizada que al parir un hijo feo o deforme, pero muy parecido a ella, se horroriza, lo castiga y, finalmente, lo mata.

Así esquiva su tarea señalada en el artículo 25 constitucional que señala: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.” No hay duda, el Estado es el obligado a garantizar el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, y si no lo hace, es el culpable de los males sociales que padecemos y es a quien debemos exigir solución.

Anuncios

#Familia #Derechos Humanos