Luego de más de dos meses de búsqueda y de la esperanza de encontrar vivos a los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por órdenes de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, se ha dado a conocer que uno de los restos óseos estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) corresponde al estudiante Alexander Mora Venancio.

Con un profundo lamento se ha recibido la noticia en la sociedad y en los padres de familia que velan y abogan por el que se les entreguen a cada uno de sus hijos vivos, tal y como se los llevaron, como reza la exigencia de los familiares, amigos y sociedad que se ha solidarizado con la causa.

En el mitin de demanda que se llevó a cabo recientemente en el Monumento a la Revolución en el Distrito Federal, en donde también se conmemoró la entrada triunfal de los revolucionarios liderados por Emiliano Zapata hace poco más de 100 años, Felipe de la Cruz, uno de los padres de los estudiantes, fue el portavoz de esta lamentable pero predecible noticia.

El Equipo Argentino de Antropología Forense, encargado de los análisis de los restos de varias osamentas localizadas en Cocula, Guerrero, a partir de las denuncias por la desaparición de los jóvenes normalistas rurales, confirmó que uno de los fragmentos encontrados corresponde a uno de los estudiantes. El análisis se dio gracias al hallazgo de una rótula que fue enviada por el EAAF a un laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, para someterlos a pruebas de #ADN mitocondrial.

A pesar de la confirmación de la muerte del joven Alexander Mora Venancio, que apenas contaba con 19 de edad y era estudiante de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz declaró que no descansarán hasta que presenten con vida a los otros 42 jóvenes que cobardemente fueron privados de su libertad por sicarios bajo las órdenes de José Luis Abarca.

A esta marcha de exigencia se suman las protestas por las recientes medidas tomadas por el gobierno federal, y específicamente por la Ley Antimarchas, que prohibiría cualquier manifestación de inconformidad en las calles so pretexto del derecho a la movilidad universal.

Finalmente, a este crimen considerado por muchos defensores de los derechos humanos como un Terrorismo de Estado, se le añade la falta de confirmación de la Procuraduría General de la República, que ha guardado silencio a este respecto, con la consigna de no dar una versión oficial hasta tener "información relevante".