No hay venezolano que en estas horas esté tranquilo. El país se juega este fin de semana su futuro democrático. El domingo 30 de julio se llevará a cabo la elección de 545 miembros de la Asamblea Constituyente. El gobierno de Estados Unidos difundió un comunicado en el que le pide a la población que compre agua y alimentos para poder sobrevivir en casa varias semanas, como si de una guerra civil o una catástrofe natural se tratara. Además, desde Washington el personal diplomático fue retirado del territorio venezolano. Las pocas aerolíneas que quedaron operativas han suspendido los vuelos por medidas de seguridad y la frontera con Colombia fue cerrado.

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La semana pasada más de 24.000 personas atravesaron el puente Simón Bolívar a pie para poder llegar al vecino país.

La (inútil) mediación de Rodríguez Zapatero

A pesar de las tensiones y presiones, el presidente Nicolás Maduro no tiene ninguna intención de ceder el poder. Según algunas fuentes extraoficiales, el ex presidente socialista de España, José Luis Rodríguez Zapatero se encontraba listo para salir de Caracas a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar y tuvo que regresarse. Desde hace meses Rodríguez Zapatero está dedicado a la medición en la mesa de negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, pero no ha logrado grandes resultados.

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Ayer tuvo que devolverse para programar una nueva reunión. El discurso agresivo de Maduro durante el cierre de la campaña electoral no dejaba espacio para el diálogo y el acuerdo.

Las amenazas de Nicolás Maduro

“El próximo 30 de julio se llevará a cabo otro milagro de la revolución […] Al final del día revisaremos, cuántos trabajadores hay, 15.000 trabajadores. Tendrán que contarse 15.000 votos entonces. No hay excusas. Empresa por empresa, ministerio por ministerio, alcaldía por alcaldía. Todos los empleados públicos tienen que votar en esta Constituyente. Espero que entienda”, dijo Maduro en el mitin en la avenida Bolívar de Caracas el pasado jueves. El gobierno diseñó una campaña de amenaza y chantaje para obligar a los trabajadores del sector público y a todo aquel que está beneficiando de alguna forma con los programas de asistencia social, a que participe en la Asamblea Constituyente. “Quién no votará este domingo 30 será considerado un traidor de la patria”, declaró el representante del Partido Socialista Único de Venezuela, Diosdado Cabello, quien según el New York Times está siendo investigado en Estados Unidos por pertenecer a una red de narcotráfico internacional.

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La política del miedo y del hambre

“Quién no votará este domingo 30 de julio el lunes 31 puede considerarse automáticamente despedido. Aquí no estamos jugando”, habría dicho un responsable de recursos humanos de la empresa estatal de petróleos Pdvsa a sus empleados. El miedo a perder el puesto de trabajo y el hambre que se puede pasar en #Venezuela si no se cuenta con el apoyo del gobierno y los programas sociales están siendo aprovechados por el régimen de Maduro para seguir en el poder. Marino Alvarado, presidente de la ong Provea, explica este fenómeno como la política del chantaje por parte del chavismo: cada trabajador tiene que llevar a su a otros 10 electores a votar este domingo. La organización ha recogido más de 40 casos de amenazas de despido masivo por motivos políticos.

El objetivo: más de ocho millones de votos

Sin embargo, no será fácil para el gobierno superar el objetivo necesario para la legitimidad del proceso. En esta Constituyente tienen que participar al menos ocho millones de personas, que es el número de votos recogidos por la oposición en el referéndum (no vinculante) del pasado 16 de julio.

#Derechos #Corrupción