Luego de la insistencia de padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por autoridades policiales bajo la orden del infame José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, la acción global emprendida por diversos sectores de la sociedad ha tenido algunos resultados, toda vez que recientemente la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero ubicó siete fosas clandestinas en las cercanías de Iguala.

Así lo confirmó Tomás Zerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, en estas fosas descubiertas por iniciativa de los padres de familia que han emprendido la búsqueda de sus hijos de manera independiente, no se encontraron rastros que correspondan a los jóvenes, lo que, para bien o para mal, prolonga la esperanza y la incertidumbre en este caso.

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En lo que pareciera una cruenta historia de ficción y crimen de un relato policial, en las siete fosas clandestinas recientemente localizadas cerca de Iguala sólo se han hallado restos humanos que parecen corresponder a un individuo asesinado hace aproximadamente un año.

A pesar del escándalo político que representa este caso, el cual ha alcanzado repercusión internacional recientemente por las declaraciones del presidente de Uruguay, José Mujica, al respecto de la probabilidad de que México sea un estado fallido -pero que luego matizó su declaración suavizando el tono para no generar conflictos diplomáticos-, la búsqueda de los estudiantes no cesa ni la esperanza de los padres de encontrar con vida a cada uno de los jóvenes que fueron objeto de ese cobarde crimen orquestado desde las cúpulas del poder municipal y perpetrado por el crimen organizado.

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En el transcurso de las investigaciones la protesta social se ha hecho presente, la indignación y el hartazgo populares son el principio de un largo antecedente de crímenes impunes que desde hace mucho tiempo y como secreto a voces se sabía que algunos gobiernos municipales como el de Iguala, Guerrero, llevaban a cabo contra quienes se atrevían a protestar por alguna injusticia de "funcionarios públicos" que ahora son objeto de burla y escarnio por habitantes y ciudadanos que ante el temor por alguna represalia muchas veces preferían el anonimato o el silencio, pero que ahora están despertando y se están quitando la venda de los ojos para ver la realidad imperante.

Gracias a las redes sociales y a la difusión seria y responsable de medios de comunicación comprometidos con el deber de informar veraz, objetiva y oportunamente, hasta el momento el seguimiento del caso por la acción ciudadana no sólo ha conducido al descubrimiento de otras fosas clandestinas sino que también ha destapado una cloaca putrefacta de un #Gobierno que solo ha cambiado de forma pero esencialmente continúa anquilosado.