Los #Derechos Humanos están protegidos en nuestro país por el principio de Supremacía Constitucional (Art. 133) que obliga a los jueces de los estados, entendiendo por tales a todas las autoridades jurisdiccionales del país, a arreglarse a la Ley Suprema de la Unión que, a su vez, está constituida por la Constitución, los Tratados Internacionales y las Leyes del Congreso emanadas de la propia Constitución, a pesar de las disposiciones en contrario que pudieren contener las constituciones o leyes de sus estados.

Todos ellos quedan obligados a estudiar, de oficio, la constitucionalidad de sus propios actos y resoluciones, así como las pretensiones de quienes acudan a su jurisdicción en busca de justicia, esto es lo que la doctrina conoce como control difuso de constitucionalidad; sin embargo, como la cultura jurídica mexicana no está centrada en la Constitución, y sólo la invocamos cuando se nos afecta cualquier derecho, las citadas autoridades jurisdiccionales deberán dar cuenta de la constitucionalidad de sus actos a los órganos correspondientes del Poder Judicial De la Federación: Suprema Corte de Justicia (SCJN), Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), Tribunales Unitarios de Circuito (TUC) y Jueces de Distrito (JD), cuando algún gobernado estime violados sus Derechos Humanos y garantías otorgadas por la Ley Suprema de la Unión y acuda en demanda de amparo.

Los órganos de los estados y municipios, y la propia Federación, inclusive, pueden promover controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad por considerar vulnerada su esfera de competencia o por aplicación incorrecta de la Constitución al expedir una norma o regular una relación entre ellos, y el órgano supremo dará a cada quien lo que corresponda; esto es el control concentrado de la constitucionalidad. Y, como se observa, se combina con el control difuso, por lo que en México, el control de constitucionalidad es, de Derecho, mixto y, de hecho, concentrado.

Los abogados no estamos acostumbrados a oponer la excepción de constitucionalidad al contestar la demanda contra nuestros patrocinados, como recomienda Ignacio Burgoa en su obra El Juicio de Amparo y provocar el control difuso. Si perdemos, empezamos a buscar las deficiencias del procedimiento, los defectos de las actuaciones jurisdiccionales, y cualquier detalle que podamos tildar de inconstitucional y acudir al amparo de la Justicia Federal, con lo que arrojamos al ámbito federal la custodia de los Derechos Humanos.

Así, los jueces de distrito analizan constantemente los actos de autoridad dentro de procedimiento, fuera de procedimiento o después de concluido éste, que afecten a los particulares, causándoles agravio personal y directo; si no obtenemos lo solicitado, interponemos el recurso de revisión y ponemos en manos del TUC lo hecho por todos los anteriores. Inclusive, puede ser que descubramos la inconstitucionalidad de una ley aplicada en el acto que nos perjudica y, al interponer el citado recurso, pongamos a trabajar a la SCJN en resolverlo.

Pero eso no es todo: si perdemos el juicio y la impugnación ordinaria, interponemos demanda de amparo directo para que el TCC analice lo resuelto por todos los demás y hasta pedimos que la SCJN atraiga nuestro amparo. Es tiempo de sentir como propia la responsabilidad del control de constitucionalidad.