El Estado mexicano burla sus propias disposiciones en detrimento de los trabajadores, negándoles reparto de utilidades

Según la fracción IX del artículo 123 apartado A de la constitución General de la República, todos los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades de la empresa en que trabajen; es decir, tienen el derecho popularmente conocido como "reparto de utilidades". Pero en seguida la ley establece excepciones en su artículo 126 y priva de tal derecho a los trabajadores de empresas de nueva creación y a las que no lleguen al capital mínimo que establezca la Secretaría del #Trabajo, con lo cual dejan obligadas al reparto sólo a las más grandes, que emplean al 20% de los trabajadores mexicanos. El 80% de los obreros mexicanos no tienen ese derecho por disposición de la Ley y del Secretario del Trabajo.

Pero resulta que entre el 20% restante se encuentran las paraestatales, de las cuales la que más utilidades genera es Petróleos Mexicanos (PEMEX); y la Suprema Corte de Justicia, a través de criterios jurisprudenciales -interpretación de la Constitución y las leyes- excluye a todas ellas de la categoría de empresas y las agrupa con las instituciones de "beneficencia pública" con el argumento de que sus ingresos son destinados al gasto público, al gasto gubernamental ordinario, burlándose así del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo que señala: "Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa."

Es claro que, con la redacción de dicho artículo se pretendió evitar la evasión del pago de tan importante prestación por empresarios tramposos que disfracen sus empresas de sociedades no lucrativas, pero quien excluye a sus empresas con a través de la jurisprudencia es el Estado.

Esto prueba sin lugar a dudas que no es suficiente que nuestro derecho esté escrito en la Ley porque ésta, por sí sola, no garantiza nada. Y no garantiza porque quien la aplica y quien la interpreta no tienen interés en velar por los intereses de la población, sino sólo de cumplir formalmente las normas, creyendo que así preservan el Estado de Derecho, pero éste, tan mencionado y verbalmente defendido, es siempre un sistema jurídico administrado por el Estado, a quien poco le interesan los derechos del trabajador, lo cual sucede en todos los países, sin excepción.

Para que el Estado de Derecho favorezca a la sociedad y en ella, destacadamente a los productores de la riqueza, es necesario que el gremio de juristas asuma su resguardo, que no quede sólo en manos de las juntas de conciliación y arbitraje y los respectivos poderes judiciales, sino que cotidianamente pugnen por su aplicación cabal y completa. Los magonistas, con su lucha, determinaron que los constituyentes plasmaran algunos de sus derechos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, reformada y actualizada a fines de 2012 sin la participación directa de los responsables de defender la justicia laboral. Ellos, con su actuación responsable y consciente, deben obligar a su correcta aplicación y constante desarrollo y contribuir así al logro de una mejor distribución de la riqueza social como lo señala el artículo 25 constitucional.