Un auténtico horror. Sin duda, el abominable y cobarde asesinato --perdón por los desmaquillados calificativos-- perpetrado en dos jóvenes trabajadores de una encuestadora por una turba enloquecida, mueve tanto a las emociones como en su momento lo hizo, y sigue haciéndolo a poco más de un año, la aún irresuelta masacre de “los 43” de Ayotzinapa; este par de jóvenes hermanos sólo desempeñaban su noble trabajo.

La indignación social, aunque en este caso recaiga sobre un grupúsculo de iracundos e irascibles pobladores desadaptados, debe ser tan intensa e implacable como la que merecen los otros casos en que se ve involucrada, por acción u omisión, la figura gubernamental.

Las dantescas escenas captadas en videos, oficiales o no, qué importa, son indignas de nuestro tiempo, del siglo 21, indignas de una nación como la mexicana, honesta y noble, que se niega a aceptar como parte de su gente a esa turba enloquecida que así da rienda suelta a sus frustraciones y reclamos sociales, sacrificando a congéneres que sólo recogían información estadística, como una manera de llevar comida a su hogar: ese era su trabajo.

Cualquier explicación de las autoridades municipales para tratar de justificar su ineficiencia para proteger al par de sacrificados, sobra. De manera ya “tradicional” la falta de coordinación con sus pares estatales y federales es una vieja canción de la que todos sabemos la tonada.

Unos dicen haber realizado el llamado de auxilio a tiempo; los estatales alegan que fue una hora y media después; y la procuraduría estatal remata, para tratar de calmar los ánimos, que “pronto habrá detenciones” por los abominables hechos.

Parecería justo reconocer que algunas veces las fuerzas policiacas han logrado frustrar linchamientos, gracias a una oportuna intervención, o bien, por la acertada intervención de ciudadanos conscientes de la gravedad de estos insensatos actos, pero esto no atempera la justa indignación: las autoridades tienen la obligación de desterrar absolutamente esta práctica cavernícola.

Es su absoluta responsabilidad que un acto más de esta índole acontezca, por el simple hecho de que la seguridad pública es su máxima encomienda. Es irrelevante el hecho de que “un rumor en #Redes Sociales” sobre supuestos robachicos fuera el detonante; los rumores cibernéticos o los chismes de lavadero son parte de la cotidianidad comunitaria.

La justicia, se supone, porta el albo vestido de la imparcialidad, por lo que a pesar de que en este caso no se trate de castigar a algún alto funcionario corrupto; o bien un “jefe de jefes” a quien recapturar, sino de, seguramente, ciudadanos comunes y corrientes que arrastrados por su ignorancia equivocadamente desahogaron sus frustraciones y privaron salvajemente de la vida a un par de inocentes, la ley se debe aplicar sin ninguna concesión.

El castigo de los involucrados en este acto de barbarie debe ser también una exigencia social, así como que las autoridades competentes cumplan con su obligación de hacer que la empresa para la que trabajaban los hermanos Rey David y José Abraham Copado, paguen la indemnización de ley que corresponde a sus deudos, que aunque no les regresará a sus finados, sí los apoyará económicamente y en la #Educación de sus pequeños hijos. #Derechos Humanos