En la madrugada del sábado 16 de enero de 2016, comportándose como delincuentes, de manera cobarde y sigilosa, Fonatur Mantenimiento Turístico, entidad paraestatal de la administración pública federal ingresó al menos 40 camiones y maquinaria pesada para efectuar la remoción de vegetación y relleno de mangle en la zona conocida como Malecón Tajamar de Cancún.

Custodiados por la policía municipal de Benito Juárez acordonaron el área. La magnitud de la devastación es evidente, hectáreas de selva y mangle fueron arrasadas por la maquinaria pesada, y lo peor es que continúan haciéndolo.

Se impidió el paso a la ciudadanía con un despliegue policial que incluyó antimotines y granaderos. Tal como si la manifestación pacífica en Quintana Roo fuera considerado un disturbio al orden social.

El artículo cuatro de la constitución federal garantiza el derecho a toda persona al medio ambiente, y su artículo 11 prevé el derecho de libre tránsito a través de todo el territorio nacional. Al parecer, ni las autoridades municipales, estatales, ni federales respetan estas disposiciones de la ley máxima de este país.

Al menos 10 patrullas de la policía municipal, así como granaderos, se encuentran aposados en la zona de Malecón Tajamar, y han impedido mediante la implementación de vallas el acceso a las personas. Incluso, el día de ayer, se registraron hechos violentos entre mujeres y niños.

Policía municipal y su cuerpo de granaderos a cargo del presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, lejos de cumplir con el mandato constitucional de garantizar la seguridad de la ciudadanía actualmente son utilizados para proteger a un grupo de particulares y empresas que tienen intereses sobre esta zona.

Dentro de esa lista se encuentra la firma italiana Bi&Di, quien ya tiene un largo historial con Fonatur en la venta de predios y cambios de uso de suelo a su capricho.

No existe mayor afectación que la del interés social, el derecho al medio ambiente se ubica dentro de los derechos sociales, en los cuales, cualquier persona, puede hacerlos exigibles. Sin embargo, las autoridades lejos de proteger a la sociedad, protegen a sus socios y amigos empresarios.

La secrecía con la que actúan Fonatur México, Fonatur Mantenimiento Turístico y el presidente municipal de Cancún, únicamente desnudan que su actuar es ilegal.

A pesar de existir amparos que ordenan la detención de esas obras ecocidas, Fonatur ha retomado las obras de remoción y vegetación de mangle, así como su relleno, violando la suspensión definitiva.

Esa devastación seguirá en los próximos días, no permitamos que gobiernos al amparo de la impunidad y corrupción, depreden los recursos naturales de nuestras ciudades. Lo importante es que los ciudadanos unamos esfuerzos y logremos proteger el patrimonio que pertenece a las generaciones futuras.

Mientras la inseguridad en Cancún crece, la policía municipal que debería cuidar a los ciudadanos es utilizada para proteger a este grupo de empresarios.

¿A petición de quién intervino la policía municipal? #Animales #Ecología #Corrupción