Fue a las 5 de la mañana del 21 de diciembre de 2016, por temor a los ciudadanos que comenzaban a manifestarse en contra de la Ley del Agua, iniciativa del gobernador Francisco Vega, cuando el congreso de Baja California, conformado por quince diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la aprobaba. Nueve días después se publicó de manera oficial y el 1° de enero de 2017 entró en vigor.

Poco les duró el gusto, ya que el doce de diciembre quince mil personas salieron a protestar motivados por la convocatoria lanzada por la red, que usó para su llamado dos imágenes, gasolina y agua. Gente de Sonora, Tijuana, San Quintín, Ensenada, Mexicali, Arizona y más despertaron en un solo grito: ¡El agua se defiende! El domingo 15 se integraban 25 mil personas más.

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No pasaron dos días de esta manifestación masiva, la primera de ese tamaño en el Estado de Baja California para que el gobernador del Estado publicara en YouTube un mensaje de cuatro minutos en donde manifiesta que mandó una iniciativa para abrogar la Ley del Agua, y que por tanto se eliminaban los incrementos.

En ese momento emerge en Mexicali un movimiento ciudadano de carácter moral que se une a muchos otros del mismo Estado, y a otros Estados en el país. Asistieron a la III Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas cuyas demandas giran principalmente contra el 'gasolinazo' y la salida de Peña Nieto, aunque también se tocó el tema del agua.

Es un hecho, los mexicanos se levantan contra la opresión y la injusticia de sus gobernantes, fue el expresidente Salinas quien inició la venta de la riqueza pública, mostrando la falta de moral de su gobierno.

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El robo no se realiza por venta directa, son organismos de crédito y corporaciones los que presionan a los gobernantes para que desarrollen estrategias y poder alcanzar sus objetivos, como por ejemplo: conceder la administración del agua a los municipios y debilitar así la negociación a nivel nacional.

Lo absurdo es que en 2010 las Naciones Unidas declararon que el agua es un derecho humano universal, y que es fundamental dar acceso seguro al agua potable y al saneamiento. En México en el 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación este derecho, se estableció que es el Estado quien lo garantiza y establece las leyes que definen las bases, los apoyos y las modalidades hasta lograr el acceso equitativo y sustentable con la participación de la federación, las entidades federativas, los municipios, así como de la participación ciudadana.

¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los políticos no cumplen con su responsabilidad ciudadana? #Privatización, agua #Mexicali, BC #Derechos Humanos