Todos los funcionarios mexicanos, del nivel que sean, pertenezcan a cualquiera de los tres poderes de la Unión, están sujetos a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ésta señala en su artículo 8º: "A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario".

A su vez, el artículo 17 constitucional ordena a todos los órganos jurisdiccionales de cualquier fuero, materia y jerarquía: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales".

Nuestra Carta Magna garantiza la justicia expedita, pronta, completa e imparcial; los plazos y términos que fijan las leyes son, en el caso de las resoluciones que dictan los jueces en materia civil:

Artículo 22.- Los decretos deben dictarse dentro de veinticuatro horas después del último trámite; los autos, dentro de tres días, y las sentencias dentro de ocho, salvo los casos en que la ley fije otros términos.

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(CPC Yucatán).

Esto dice el Orden Jurídico Nacional, pero otra cosa dice la realidad y los órganos jurisdiccionales. El Poder Judicial de Yucatán probablemente, es uno de los más representativos al respecto; los tres días se convierten en un mes, o hasta dos, durante los cuales el abogado escucha que su expediente “está para trabajos”; para que, finalmente, se dicte la resolución más absurda que nadie imaginaba, pues no tiene relación con las pretensiones planteadas.

Los opuestos son los juzgados del Estado de México, donde se dicta el auto correspondiente el día de presentación de la solicitud, si ésta llega a la oficina de correspondencia antes de las 12:00 horas y al día siguiente si es presentada entre las 12:01 y las 15:00 horas, pero ahí existe otro problema: los actuarios no pueden notificar al día siguiente, como les ordena el código, porque son - ahí sí - muchos los expedientes y pocos los notificadores y éstos no tienen vehículo asignado para el cumplimiento de su deber; los litigantes deben absorber el gasto e incurren así en el pago de costas judiciales, prohibidas por el artículo 17 constitucional.

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Como es natural, el litigante prefiere cubrir las costas judiciales que esperar años a la resolución de una controversia de fácil y obvia resolución, como podría ser un juicio de alimentos o la corrección de un acta del Registro Civil cuyo contenido fue alterado por el personal de dicha dependencia, pero en ambos casos, la Carta Magna que nos rige resulta dañada gravemente por la actuación de los impartidores de justicia, ineficaces por cualquiera de las razones mencionadas o por otras. Por mi ubicación geográfica actual, me interesa más la corrección de la parsimonia crónica, pero curable aunque esto sea difícil en Yucatán. Se puede remediar esta cuasiparálisis con la participación del C. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, en el aspecto administrativo, del C. Gobernador del Estado y de la H. Legislatura Local, en lo relativo al financiamiento; ellos sabrán, seguramente, cuál es la causa del problema y en sus manos está la solución del mismo,¡Yucatán! llo necesita!

Si alguien tiene duda, aquí les dejo el párrafo tercero del artículo 1º constitucional:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El derecho a la justicia expedita es un Derecho Humano garantizado en los artículos 7, 8 y 10 de la Declaración Universal que no reproduzco por no abrumar con citas de ordenamientos jurídicos, pero que las autoridades conocen.

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#Gobierno #Mérida #Cultura Oriente