Para nadie es novedad la impunidad con que operan los centros de reclusión en México, en donde los lujos y los privilegios son ‑como acá afuera‑ para unos cuantos; los que los pueden pagar, o los que los pueden conseguir con base en la fuerza y la intimidación.

Sin embargo, no es sino hasta que ocurren tragedias como la del Penal del Topo Chico, en Monterrey, cuando verdaderamente podemos dimensionar el problema de nuestro corrompido sistema penitenciario.

Una semana después de la masacre, en la que el saldo final de muertos fue de 49 tras un riña entre bandas que se disputaban el control de la cárcel, las autoridades abrieron las puertas del reclusorio para mostrar hasta dónde llegaban los lujos de los reos elite.

Pero los baños y habitaciones de lujo, las pantallas, las computadoras y las zonas VIP ­–en las que cobraban hasta 8 mil pesos por ocuparlas‑ son realmente poca cosa comparada con las actividades criminales que ahí se ejercían a vistas ciegas de celadores y directivos del centro penitenciario.

Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, dentro del penal, sólo por cobro de extorsiones, protección y rescates por secuestros, se movían al mes unos 20 millones de pesos que se repartían entre los líderes de las bandas, los celadores y los funcionarios.

“Realmente los negocios aquí eran muy rentables. Por semana había una colecta de cobros por extorsiones y privilegios que iba de los 2 millones hasta los 5 millones de pesos. Todo estaba controlado por ellos (El Z-27 y El Credo), quienes establecían los cobros a su antojo”, declaró a “Proceso” Josué Reyes, funcionario adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.

Tras la tragedia, las autoridades se dieron a la tarea de limpiar el Topo Chico, desmembrar las bandas y ofrecer un trato igualitario para toda la población penitenciaria.  De igual manera, se inició proceso judicial en contra de custodios y directivos por su probable colusión en las prácticas criminales al interior del Cereso.

Sin embargo, situaciones como estas no son privativas de una cárcel específica, sino que se replican en prácticamente todas las del país en mayor o menor medida. Todo inicia con simplemente dejar pasar un objeto prohibido, para que después estas prácticas se generalicen y se diversifiquen hasta llegar a los niveles del penal del Topo Chico.

Y es que las cárceles del país, lejos de significar lugares de reinserción social para los internos, se han convertidos en paraísos criminales protegidos por cuatro paredes y aislados de la vista de la población... verdaderos reinos de impunidad.

Tendremos que esperar una nueva tragedia, en otra penitenciaría, para volver a destapar la cloaca. #Gobierno #Viral #Corrupción