Al menos 52 muertos y una decena de lesionados graves fue el saldo que dejó una presunta riña entre bandas rivales dentro del Penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León, que disputaban en control del centro penitenciario.

Según medios locales, la brutal gresca inició durante las primeras horas del jueves y se prolongó hasta horas de la mañana cuando las fuerzas del orden consiguieron controlar el motín y comenzaron con el recuento de las víctimas y de los daños, pues uno de los edificios donde se registró el pleito fue incendiado por los mismos reos.

Por la mañana, cientos de personas formaron un tumulto a la entrada del Centro de Readaptación Social para exigir información sobre sus familiares internos, pero el silencio de las autoridades estuvo a punto de provocar otra tragedia ante la desesperación de los familiares que comenzaron a empujarse, al grado de romper una de las puertas de acceso que amenazaba con caerles encima.

Finalmente, alrededor de las 10 de la mañana, las autoridades estatales dieron una rueda de prensa en la que no aceptaron preguntas y se limitaron a explicar que lo sucedido tuvo lugar en las áreas C2 y C3 del penal, donde sólo hay internos hombres mayores de edad, y a dar la lista de los fallecidos. Se comprometieron, además, a informar en las horas siguientes los avances de las investigaciones.

Al mismo tiempo, el secretario del Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, a través de las redes sociales expresó su total apoyo a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado, para coadyuvar en las investigaciones.

Este lamentable hecho demuestra una vez más las deplorables condiciones de seguridad con que operan los centros de reclusión en el país, en los que las fugas de reos –como la de Joaquín Guzmán Loera‑, los privilegios, el tráfico de armas y drogas y demás vicios son el común denominador ante la vista displicente de los encargados y directivos, y de los gobiernos en general.

Hasta el mediodía de este jueves cientos de personas permanecía al exterior del Topo Chico en espera de poder ingresar para ver a sus reos, mientras que los familiares de los fallecidos iniciaban los trámites para que les fueran entregados los cuerpos.

La investigación quedó a cargo de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, a cargo de Roberto Flores Treviño. #Gobierno #Enrique Peña Nieto #Corrupción