María de los Ángeles Pineda -esposa de José Luis Abarca, el infame ex alcalde de Iguala, Guerrero, que ordenó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa- se encuentra bajo investigación por la colusión en el secuestro y desaparición de los jóvenes estudiantes y se ha negado a hablar al respecto, esto a pocos días de vencerse el arraigo que temporalmente la protege de ser recluida por este crimen.

Cabe recordar que a María de los Ángeles Pineda Villa se le ha señalado como inculpada de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR).

Según funcionarios de la PGR, Pineda Villa ha guardado silencio sobre el tema de las órdenes que presuntamente ella y acreditadamente su esposo indicaron a policías municipales para que secuestraran y entregaran a los estudiantes rurales al grupo criminal denominado Guerreros Unidos.

El arraigo, que se le ha impuesto a la esposa del ex alcalde en el Centro Nacional de Investigaciones de la PGR, vence este 16 de diciembre próximo pero que, a pesar de que funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) la han instado a que declare al respecto, ella no acepta a comparecer.

El ya emblemático caso de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas es ya un referente nacional e internacional de cómo se coluden los supuestos servidores públicos con los criminales. Dicho caso ha fungido asimismo como un detonante para la protesta social en varios puntos del país, de ciudadanos que se solidarizan con la causa y se manifiestan en contra de este tipo de situaciones que merman y corrompen las estructuras institucionales del Estado mexicano.

Pese a que este caso ha trascendido fronteras del país, el #Gobierno federal no ha dado pie con bola y, lejos de proponer una solución efectiva, sólo ataca la criminalidad con paleativos y no va al meollo del asunto: la amplia desigualdad social y económica, en un país vasto, plural y diverso, en donde más de 50% de la población vive en pobreza y en rezago educativo.

Este caso de la colusión de funcionarios públicos con el crimen organizado es tan solo la punta de un iceberg que se asoma luego y gracias a la protesta, a las manifestaciones que buscan reprimir a toda costa algunos políticos vinculados a intereses partidistas y alejados de los ciudadanos de a pie.