El Estado español se ha llevado un nuevo varapalo en su intento constante de criminalizar las protestas pacíficas. A la bochornosa Ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en estas fechas en España y que convierte a cada español en un probable delincuente y autoriza además los ficheros ilegales de la policía sin resolución judicial, se suma la persecución y el acoso constante a la organización ecologista Greenpeace.

En los últimos meses el Estado español ha colocado en su punto de mira a Greenpeace. Abordajes, lesiones a activistas, secuestros de su buque insignia y, para terminar, en los últimos días la fiscalía española, dependiente del Gobierno, solicitó penas de cárcel y una multa desproporcionada y millonaria a los 15 activistas participantes en una protesta pacífica en la que se pedía el cierre de una central nuclear en Cofrentes.

Esta tenía un historial de averías aterrador y el Gobierno español pensaba, como de hecho hizo, alargar su permiso y su vida útil. Greenpeace consiguió colarse en las instalaciones y colgar una pancarta y pintar una de las chimeneas de ventilación con la frase: “Peligro Nuclear”. Para el fiscal, estos hechos eran constitutivos de delitos de lesiones, desórdenes públicos y daños, y pedía tres años de cárcel para cada activista y multas conjuntas que sumaban más de 350.000 euros.

Sin embargo, ha absuelto a todos de los delitos de lesiones y desórdenes, que el Juez de lo Penal nº 11 de Valencia juzga inexistentes y únicamente les condena una multa de 1.000 euros a cada uno y a pagar los daños del corte de una valla que ascienden a 2.000 euros. Por otra parte, absuelve, como no podía ser de otro modo, al fotoperiodista Pedro Armestre, que únicamente estaba cubriendo la información de la acción de protesta. El simple hecho de que el fiscal pidiese también para este periodista penas de cárcel muestra bien a las claras la deriva hacia el totalitarismo del actual Gobierno de España. La Sentencia no es firme aún y todas las partes podrían apelarla en el plazo de diez días, aunque aún no se han manifestado al respecto ninguna de ellas.  #Derechos