El 17 de febrero, la PGR negó a la comisión especial del congreso información sobre el caso Tlatlaya, donde militares ejecutaron a 22 presuntos delincuentes. Esto, enmarcado al reciente “carpetazo” que intentó dar la PGR del caso Ayotzinapa, en el que padres de familia y organizaciones no gubernamentales señalan al ejército como implicado. Recientemente Enrique Solana Sentiés, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, salió a defender al ejército, expresando que no permitirá la entrada a los cuarteles del ejército.

En enero pasado, luego de que padres de familia de los desaparecidos intentaran ingresar al cuartel en Iguala, el procurador Murillo Karam, aseguró que los cuarteles son accesibles a los ciudadanos. Días antes de las expresiones de la Concanaco, Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, llamó a los empresarios a apoyar al presidente de la República.

Podríamos contextualizar un poco más, tenemos a la ONU, Organizaciones defensoras de los derechos humanos y a grandes sectores de la opinión pública internacional presionando y criticando a las autoridades mexicanas -crítica no muy bien recibida de estas. Por otro lado, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim -no favorecido por la actual administración Priísta- sumándose a la andanada contra el #Gobierno mexicano, sin mencionar el poder económico que mantiene en el país.

Además, aún cuando las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan disminuido, quedaron terribles secuelas para el gobierno: Guerrero, Oaxaca y Michoacán -caso aparte-, se encuentran en llamas, en tanto que las protestas contra la corrupción, la impunidad y personajes nefastos de la política aumenta en sitios como Puebla y Chiapas, sin mencionar Estados de sobra conocidos por estar sometidos al narcotráfico, como Tamaulipas, y otros por los que la preocupación internacional aumenta día a día, como Veracruz y sus periodistas muertos; las reformas estructurales impulsadas por el Pacto por México dejaron encendidos los ánimos de grandes sectores de la sociedad -incluida la CNTE, que no ha parado de hacerse presente en el D.F. y Oaxaca-, reformas que, dicho sea de paso, requerían de una buena imagen en el extranjero para atraer las inversiones que ahora no parece que vayan a llegar a montones; los precios del petróleo caen, y los recortes presupuestarios no se han hecho esperar -sólo se seguirán esperando eternamente en lo que respecta al INE y las elecciones y los salarios de los altos funcionarios-. Evidentemente, el gobierno no está muy contento, mucho menos los empresarios y, menos aún, la población en general.

Ante un Estado que pareciera estar desmoronándose, encabezado por una administración que se ha visto más que rebasada, sumada a una creciente indignación y a protestas cada vez más agresivas -respondidas con una represión cada vez más brutal-, la institución que debe ser llamada a defender los intereses de la nación -entiéndase aquí por “nación” a aquellos que se han beneficiado económicamente de las malas mañas de la administración-, claman por su defensa.

Tanto el caso Iguala como el caso Tlatlaya han sido botones de muestra de la corrupción del ejército, misma corrupción que ha permitido a gran número de empresarios, aumentar sus fortunas. Los empresarios defienden hoy al ejército que, para defender a sus personas o intereses, necesitarán mañana.