Según la Gaceta Parlamentaria, el pasado 29 de abril del 2015, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de ley que el Partido Revolucionario Institucional presentó en 2008, con la que se pretende incentivar el desarrollo en el mercado interno de la industria automotriz nacional y reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera por parte de los automóviles.

El siguiente paso consiste en la discusión y aprobación en la Cámara de Senadores, que se llevará a cabo a partir del 30 de septiembre de este año. Esta ley obligará a los propietarios de automóviles a someterlo a dos tipos de verificación al año; una por la emisión de contaminantes, que se realiza en dos ocasiones y la otra por la condición del vehículo, que se realizará una vez al año.

Por su parte, los propietarios de vehículos nuevos se encuentran exentos de esta medida durante tres años a partir de la fecha de compra de primera mano.

En caso de que no se cumpla con esta ley, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Policía Federal será la encargada de imponer infracciones que van de los 40 a 500 días de salario mínimo y en caso de reincidencia, se asignará una multa equivalente al doble del monto establecido. Se supone que lo recaudado de estas multas se consignará para programas de seguridad pública y prevención del delito.

Con respecto a esto, trasportistas de la región oriente de Morelos rechazaron esta propuesta y Mario Vega Rafael Franco Melgarejo, dirigente transportista de esta región, opinó que esta medida representará un duro golpe a la economía de las familias debido al gasto que representa; también observó que esta medida obligará a varias personas a prescindir de sus vehículos de modelo antiguo.

Además, calificó de excesivas las multas, ya que "estamos hablando de dos mil 800 pesos la mínima por circular sin la verificación y dependiendo el estado del vehículo puede ser hasta de 35 mil pesos la multa por no portar la verificación vehicular federal en tramos federales", aseveró.

Por último, el Partido de la Revolución Democrática comentó que el pago de este nuevo derecho representará al #Gobierno federal ingresos por 7 mil 500 millones de pesos a lo que el diputado de dicho partido, Carol Antonio Altamirano, declaró que: "Se trata de un negocio redondo, otra vez a costa de los ciudadanos". #Medios de transporte #México