Como todas las obras que se realizan en el Distrito Federal, la construcción del tren Interurbano Toluca-Cd. de #México ha generado polémica y descuerdo entre las autoridades y los vecinos que se verán afectados por las obras en cuestión.

 

El proyecto pretende unificar a la Ciudad de Toluca con la Ciudad de México por medio de un tren que al llegar al D.F circulará por la zona de Santa Fé, saldrá de Zinacantepec y tendrá como estaciones intermedias la terminal de autobuses de Toluca, Metepec-Aeropuerto, Lerma, Santa Fé y tendrá como llegada la Terminal de Observatorio.

 

El proyecto tendrá un costo de inversión de 35 mil millones de pesos y finalizarán en el año 2017.

 

Algunos números para observar de la obra son: La duración del recorrido será de 39 minutos y el costo estimado será de $60.00 de terminal a terminal; El costo de terminal Observatorio a Santa Fé será de $6.00.

 

La capacidad de los trenes será de 1400 personas de los cuales el 45 % irán sentados y se calcula una demanda de 270 mil pasajeros por día.

 

El pasado viernes, un grupo de vecinos que se manifestaban y que se oponen a la construcción de dicho tren, se enfrentaron con granaderos al impedir el cierre de Avenida la Torres en la Delegación Álvaro Obregón, siendo detenido uno de los lideres de los manifestantes.

 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, asegura que no permitirá que se bloqueen vialidades por los vecinos que se opone a la obra.

 

También asegura que los habitantes de la zona recibieron información dolosa en la cual les aseguraron que se iban a destruir casas, afectando a diez colonias y generando un caos.

 

Mientras tanto Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la suspensión provisional de las obras hasta que los vecinos sean escuchados y cuenten con toda la información verídica del proyecto, acusando al ex diputado del PRD, Eduardo Santillan, de haber dado información equivocada y dolosamente errónea a los vecinos de la zonas afectadas.

 

Cabe resaltar porque en este caso no se ha hecho una consulta pública como la que se pretende para la construcción del Corredor Chapultepec en donde hasta el IEDF participará.

 

¿Por qué en este caso, si llegan los granaderos a quitar a los inconformes y en cambio cuando las manifestaciones de los maestros que han bloqueado vías primarias y hasta el mismo aeropuerto, las autoridades solo se han quedado observando?

 

La aplicación de la ley y las oportunidades de manifestación deben de ser iguales para todos los ciudadanos o ¿Cuáles son los intereses que existen para ejercer este consentimiento? #Política Ciudad de México #GPR