México 3 de diciembre del 2015

El 21 de Diciembre del 2006, el expresidente Felipe Calderón declaró una guerra contra el crimen organizado; Esta sigue vigente y tiene los ingredientes para transformarse en una batalla civil; por un lado existe un descontento general en la población, con sus gobernantes debido a los escándalos de corrupción que han salido a la luz pública y cada vez se descubren más casos en todos los niveles de Gobierno.

Lo peor es de que la mayoría de estos casos quedan impunes, como el del presidente #Enrique Peña Nieto y la empresa HIGA.

Por otro lado, la imposición violenta de algunas reformas como la educativa, en la cual, con el pretexto de aplicar una evaluación docente nacional a los maestros, se le privan de sus derechos básicos ya ganados como el de antiguedad en el servicio, lo que los hace acreedores a algunas prestaciones, como la jubilación y otros derechos que perderían de aplicarse de lleno la Reforma.

Siguen en aumento desapariciones, secuestros y ejecuciones en localidades de varios estados del país, los medios y la prensa prefieren callar al respecto.

La población civil tiene que enfrentar secuestros, cobros de piso, extorsiones, presiones para participar en la distribución de droga. Todo esto por parte del crimen organizado; la desconfianza contra el Gobierno crece por la sospecha que estos grupos de delincuentes sean de paramilitares infiltrados por el Estado para sembrar el pánico general y aplicar las reformas que dañan a miles de trabajadores y les ayudan a malbaratar los recursos naturales del país.

La población demuestra su hartazgo a través de las redes sociales, los comentarios de repudio a la presidencia de la República y los funcionarios públicos son por cientos de miles; para colmo los diputados y senadores se otorgan sueldos altísimos, bonos y aguinaldos que no están justificados por el bajo rendimiento que prestan para el país; un solo aguinaldo rebasa los 35 mil dólares, mientras a miles de profesores con la reforma educativa los privan de sus derechos más elementales.

Algo que incomoda a la población es la instalación de la armadora Kia Motors en Nuevo León, no tendría nada de malo; sin embargo 5000 trabajadores coreanos vendrán a cubrir puestos de empleo instalándose y radicando en México; la población civil tiene esperanzas de provocar el ansiado cambio político en las elecciones del 2018, nombrando Presidente al licenciado Andrés Manuel López obrador.

Los políticos en el poder deben estar planificando algo serio; en las redes ya se comenta una incursión armada norteamericana.

Los medios oficiales mencionan que la guerra interna ya costó cerca de 80 mil muertes y 30 mil desaparecidos; eso no es cierto esta guerra ya provocó mas de 180 mil ejecuciones, más de 70 mil desaparecidos y cerca de 5 mil centroamericanos ejecutados; a lo largo y ancho del país existen fosas clandestinas con cadáveres sin identificar; en algunos pueblos de Oaxaca, Michoacan y Guerrero, comunidades civiles optaron por armarse y colocar retenes de vigilancia para evitar acciones violentas del crimen organizado.

Es claro que el Gobierno rechaza la idea de tener civiles armados como autodefensas y de inmediato envián al ejercito a desarmar y reprimir cualquiera de estas acciones; dejando a las poblaciones a merced del crimen organizado de seguir en estas circunstancias es difícil que la población espere al 2018, la probabilidad de una guerra civil generalizada es muy alta. #AMLO #Derechos Humanos