Martes 21 de marzo. Monterrey, Nuevo León

Alegres, esforzados, solidarios, responsables, deportistas, dedicados, destacados, con un futuro prometedor: Así describen a Jorge Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo sus amigos y familiares en el documental, Identidad Incautada, que el grupo, Nueva Prensa filmó en 2015 con el objetivo de “mostrar el lado humano” de los estudiantes y que fue proyectado anoche en la Plaza de los Desaparecidos, donde los familiares de las víctimas recordaron que hoy Jorge y Javier tendrían ya 30 y 31 años, respectivamente. Y en palabras de Jesús Arredondo, tío de Javier: “Hubiéramos querido verlos como profesionistas.

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Para estas fechas, tal vez ya casados”.

Limpiar sus nombres

Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia. En ese hecho insisten sus familiares, amigos y compañeros. Exigen que eso quede claro y conste en los documentos oficiales del caso.

Recordaron que los jóvenes no sólo fueron asesinados a las puertas del campus, sino que además sus cuerpos fueron cambiados de lugar, se les robaron las credenciales y mochilas y se les sembraron armas para concluir de inmediato que eran sicarios y estaban “armados hasta los dientes”, según la versión de la Sedena.

“Nos dicen que cuando haya una sentencia y salgan culpables los militares es entonces cuando van a limpiar los nombres de los muchachos”, lamenta doña Rosa Elvia Alonso, madre de Jorge. Esperaron por el juicio 6 años. Por fin está sucediendo.

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Los familiares, por el maltrecho camino de la justicia en México

Inicialmente sólo uno de los 8 militares involucrados fue presentado ante una corte militar que lo juzgó y lo declaró inocente. “Y sólo lo iban a enjuiciar por alteración de hechos”, recuerda la madre de Jorge. No podía creer el veredicto. Luego, dice, siguió un año de silencio. “Nos dimos a la tarea de ir directamente a la PGR: Nos encontramos con puertas cerradas”.

Insistieron. Por fin, en septiembre del año pasado se presentó el expediente ante un juez y en octubre se giraron órdenes de aprehensión contra 6 soldados. Incluso eso les fue informado tarde. “Nos quitaron el derecho de asistir a la consignación del caso”, dicen.

De los 6 militares imputados, hasta el año pasado 3 seguían activos, fueron los aprehendidos. De los otros 3, “Nos informaron que uno está desaparecido y a los otros dos es fecha que aún no los encuentran”, señalan los padres de Jorge. “Si el MP pudo dar con ellos en diciembre de 2015 para decirles que cambiaba su situación de calidad de testigos a inculpados, no podemos creer que ahora no los encuentren”.

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Como si no hubiesen esperado ya 7 años, se les advirtió que el proceso sería lento, que deberían esperar “unos 2 o 3 años”.

“No fue error. No fue fuego cruzado”

En su seguimiento del proceso los padres tuvieron acceso al expediente. Pensaban entonces que el primer asesinato pudo ser un error, pero no el segundo, pues Jorge regresó por su amigo gritando ´no disparen, somos estudiantes´, pero "tristemente cuando leímos el expediente, ni siquiera el primero fue error. No fue fuego cruzado”.

Subrayan, junto con los defensores de derechos humanos que llevan el caso, que no es un caso aisaldo, sino un ejemplo de casos en los que se alteraron pruebas para inculpar a las víctimas, por lo que exigen un “cambio radical” en el comportamiento de las instituciones de seguridad.

“Porque ha estado cayendo tanta gente inocente y no es justo que anden por la calle las personas que asesinan a los inocentes”, concluye Rosa Elvia Alonso. #TodosSomosJorgeyJavier #militarizacion #ITESM