El pasado 4 de junio, en México, fuimos testigos del proceso electoral en varios Estados del país: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Sin embargo, los ojos estuvieron mayoritariamente en el Estado de México. Y es que es ahí donde hay la mayor cantidad de potenciales votantes, teniendo una lista nominal de 11,3 millones de votantes; por lo que su resultado con miras a la elección presidencial en 2018, es decisivo en los análisis prospectivos al respecto.

A pocas horas de cerradas las casillas y arrojados las primeras cifras, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, (PREP), daba una ventaja de 3 puntos para #Delfina Gómez del Partido Morena por encima de Alfredo Del Mazo, candidato del #PRI, su contendiente más cercano.

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En el transcurso de la tarde esta cifra se fue reduciendo y para las 12:30 de la noche, Alfredo Del Mazo estaba arriba por unas cuantas décimas, cerrando a las 13hrs., del 05 de junio, con casi tres puntos de distancia sobre Delfina Gómez.

Estos resultados generaron incertidumbre y desconfianza en electores y actores políticos; el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó inconsistencias entre los resultados del PREP y las cifras que tienen en sus actas.

Ante este escenario cabe preguntarse si la vía electoral realmente legitima los procesos democráticos o si por el contrario legitima procesos antidemocráticos y en contra de los derechos de participación ciudadana respecto a la elección de sus gobernantes.

Las implicaciones de vivir en una democracia

Formar parte de la vida democrática del país debería implicar, entre otras cosas, tener voz en las medidas económicas y sociales que rigen el rumbo de éste; sin embargo, aunque constitucionalmente es un derecho, (expresado en el artículo 39 de la Carta Magna), no existe realmente una práctica de toma de decisiones, salvo a la hora de ejercer el sufragio para elegir a los gobernantes y congresistas.

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Mientras los gobernantes vean a la ciudadanía alejada de los procesos de cambio y ésta se vea a si misma lejana, no habrá una nueva realidad social.

Es por ello, que las autoridades electorales tienen la obligación de transparentar el proceso mediante el cual se realiza esta función; de lo contrario se corre el riesgo de cerrar la única vía por la cual la ciudadanía se siente incluida en el proceso democrático. La pregunta obligada es, ¿quiénes, en la democracia, son realmente los ciudadanos? #AMLO