En #México ni el gobierno federal ni los estatales están preparados para enfrentar el delito de lavado de dinero, pues pese a que se han gastado miles de millones de pesos para luchar contra el narcotráfico, aún la fortuna de los criminales no se ha tocado, consideró el analista Salvador Mejía.

En el país incluso el gobierno envía indirectamente recursos a cuentas de personas involucradas en delitos de #Corrupción y lavado [VIDEO], como ocurrió en el caso de Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como “El Rey de los Dragones” [VIDEO], quien mientras creaba una red de blanqueo de capitales entre México y Estados Unidos, recibía la adjudicación de contratos de obra pública para la repavimentación de carreteras.

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Castillo recibió entre 2013 y 2015 hasta dos mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En esos años, de acuerdo con la DEA, la estrategia de lavado de millones de dólares a través de la banca privada estadounidense ya estaba en marcha.

Sin coordinación

De acuerdo con Mejía, consultor de Analitics, empresa especializada en gobierno corporativo, la brecha existente entre las áreas de gobiernos impide que se generen candados para evitar que recursos públicos se mezclen con ilícitos.

Las secretarías de obras, por ejemplo, carecen de coordinación con áreas como las secretarías de Finanzas, con la Procuraduría General de Justicia o con Seguridad Pública. Entre estas dependencias, asegura, no existe comunicación para prevenir la comisión del lavado de dinero.

De acuerdo con el especialista, México ejecuta una política de persecución judicialista del lavado de dinero, es decir, solo se preocupa por perseguirlo y castigarlo cuando ya se ha cometido el delito.

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Falsos operadores financieros

Respecto a las operaciones del crimen organizado, criticó que el gobierno festeje la captura de “operadores financieros” que son simples “pagadores” de cuentas de los líderes del #narco, es decir, pagan sobornos, a algunos de sus colaboradores, pero difícilmente son quienes manejan la estrategia financiera de criminales como Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo” o Ismael el “Mayo” Zambada.

Tal parece, explica Mejía, que el gobierno no quiere darse cuenta que los operadores financieros reales son especialistas en finanzas, en contabilidad o administración, que tienen sus oficinas en las zonas de mayor plusvalía del país, como Polanco o Santa Fe, en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Puebla.