Francisco Igea, representante del partido Ciudadanos, introdujo el jueves 25 de julio ante el Congreso español, una reforma del Código Penal que castigue con penas más severas las terapias alternativas que atenten contra la salud pública. La reforma propuesta por Igea contempla que estos casos se consideran delitos y que la pena sea de 3 a 6 años de cárcel a los pseudoterapeutas implicados.

Esta reforma se centraría con especial fuerza en aquellas terapias que incentiven a enfermos oncológicos o con dolencias graves a dejar el tratamiento médico, dando prioridad a terapias que no estén validadas por la ciencia médica. La medida tiene lugar luego que una mujer falleciera en Girona, producto de un cáncer de mama no tratado.

Diversas fuentes señalan que la occisa descartó el tratamiento habitual sustituyéndolo por la recomendación de un curandero.

Al ingresar, tras varios meses de sesiones holísticas, al Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, el especialista encargado del caso pudo comprobar que la mujer presentaba metástasis, producto de la falta de tratamiento especializado.

Una reforma de ley necesaria

Igea espera a que la medida inste a la ciudadanía a que tome en cuenta la opinión de la Agencia Española del Medicamento, así como la de diversos profesionales de la salud, antes de ejercer cualquier tipo de terapia holística. Por su parte, el Observatorio de la Organización Médica Colegial contra las Pseudociencias, señala estar de acuerdo con la medida y advierte a la población sobre no dejarse influenciar por los elementos místicos que engloban este tipo de creencias.

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La petición del representante de Ciudadanos al Congreso español, incentiva aún más los llamados de atención al Gobierno, que hasta el momento no contempla como fraudulentas este tipo de prácticas.

La reforma necesita mayoría absoluta

Para que la propuesta tenga presencia en el Congreso, el representante de Ciudadanos, Francisco Igea, debe contar con la mayoría absoluta en el Congreso. El parlamentario se muestra optimista y espera que la medida logre el suficiente respaldo para calificar los casos de enfermedades vinculados a las pseudoterapias como hechos de carácter punible. Además, de lograr el respaldo necesario, la petición aspira a clasificar como delito el hecho de que el paciente abandone la terapia tradicional, por el uso de alternativas que no cuenten con el respaldo médico.