Los activistas por los derechos igualitarios para la comunidad LGBTI de Costa Rica se mantienen en pie de lucha, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó la inconstitucionalidad de los artículos del Código de Familia que impiden las uniones civiles entre personas del mismo sexo, decisión controvertida que ha sido calificada incluso de cobarde por parte de los demandantes.

El CSJ declinó en la Asamblea Legislativa del país centroamericano la potestad de redactar una nueva ley que rija todo lo concerniente al matrimonio igualitario, otorgándole para ello un plazo que culminará en 2020, momento en que serán derogadas automáticamente todas las normas inconstitucionales en caso que el Congreso no apruebe la ley correspondiente.

Previamente a esta decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que aquellas conformadas por heterosexuales.

Víctor Hugo Monge, líder del Movimiento Diversidad, declaró a la prensa que la comunidad que representa considera que la medida jurídica tomada por el máximo organismo de justicia costarricense representa una violación a los derechos humanos de un sector poblacional diverso en su sexualidad y un acto de evasión por lo que significa aprobar el matrimonio igualitario. “No quieren asumir responsabilidades”, dijo con enfado al expresar la poca fe que tiene en que un Congreso, mayoritariamente conservador, redacte un proyecto de ley que equipare derechos civiles.

Todas las familias son iguales en derechos

Sin embargo, al presidente de Costa Rica Carlos Alvarado la decisión le pareció ajustada a derecho celebrando lo que consideró un impulso hacia las garantías de no discriminación por diversidad sexual o identidad de género, reconociendo la responsabilidad del Estado en brindar la protección a las familias en condiciones iguales para todos.

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Así el Congreso no legisla a favor de las aspiraciones de la comunidad LGBT, al cumplirse el plazo de 18 meses la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo quedará formalmente derogada.

Cuestión de tiempo y espera

En enero de 2018 una pareja de homosexuales que se había anunciado como el primer matrimonio gay que se celebraría en Costa Rica, tuvo que aplazar la unión civil porque el Consejo Notarial mantenía vigente la prohibición de que los notarios inscribieron enlaces entre personas del mismo sexo. En ese momento, Mario Arias y Roberth Castillo, quienes pospusieron su boda tras la sugerencia del mismo Consejo Notarial, declararon a la comunidad LGBTI que aquello era tan solo un asunto de tiempo: “Tarde o temprano, podremos casarnos”, lanzaron como consigna de lucha igualitaria.