El Gobierno de Donald Trump había otorgado permiso a la empresa Defense Distributed para que pudiera difundir a partir del 1 de agosto, a través de Internet, los planos de pistolas imprimibles bajo la tecnología 3D. Los fabricantes tenían cinco años pujando por la autorización que finalmente habían obtenido, cuando fiscales de ocho Estados introdujeron una demanda en la corte federal de Seattle para lograr la prohibición de las descargas libres de armas, considerándose una amenaza para la seguridad de la nación.

El lunes 30 de julio, el presidente de Estados Unidos publicó en su cuenta de Twitter que estaba considerando la conveniencia de si el público debía o no tener acceso a las pistolas 3D que ofrecería Defense Distributed, por lo que haría consultas a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, sus siglas en inglés).

Sin embargo, dejó la duda en el aire al no explicar la decisión que tomaría al respecto.

Los demandantes de la medida de distribución exigieron una prohibición contundente de parte del gobierno de Trump, por considerar el gran riesgo que representaría el fácil acceso de armas en manos de criminales peligrosos. El fiscal del Estado de Washington, Bob Ferguson, además indicó que estos artefactos bélicos serían distribuidos libremente sin control de las edades de quienes van a descargar los modelos, la salud mental ni sus historias delictivas, además de ser armas de plástico que pasarán libres por los detectores de metales.

Basado en estos argumentos, en los tribunales de Washington el juez Robert Laznik falló a favor de los solicitantes y prohibió las descargas libres de pistolas 3D desde Internet.

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Dos gobiernos y dos decisiones diferentes

Ya en 2013 Defense Distributed había logrado poner en línea los diseños descargables de las armas para su impresión en tercera dimensión, pero las autoridades del gobierno de Barack Obama había considerado que estos manuales contravenía las leyes de exportación de armas y ordenó su bloqueo.

En junio pasado, finalmente la empresa alcanzó un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para que los planos volvieran a estar disponibles en la red. El pacto alcanzado entre las partes incluía el desembolso gubernamental de $ 40.000 por pago de honorarios legales en que había incurrido la empresa por la disputa establecida en los últimos cinco años.

La seguridad por encima de las libertades

Sin embargo, el juez Robert Lasnik puso un freno a la distribución que se reiniciaría el 1 de agosto, declarando que aunque su decisión pudiera estar contradiciendo el espíritu constitucional de la segunda enmienda que permite el libre uso de armas a ciudadanos estadounidenses, lo más importante sería evitar los daños irreparables de una circulación incontrolada de armas impresas en 3D.

La medida de prohibición fue también apoyada por la sociedad civil, destacando las campañas de organizaciones como el Centro Brady para Prevenir la Violencia de las Armas de Fuego y la organización Every Town for Gun Safety, que ya habían interpuesto una solicitud de bloqueo contra Defense Distributed en Texas, pero sin resultados exitosos.