Los recientes acontecimientos que han azotado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han dejado entrever la deficiencia del personal y organismo de vigilancia dentro de las instalaciones universitarias.

A partir de la declaración por parte del gobierno de la ciudad de México (GCDMX) sobre la presencia de narco menuditas dentro de la máxima casa de estudios, han puesto sobre la mesa una vez más el debate sobre la necesidad de una intervención del estado dentro de la institución para garantizar la seguridad de docentes y alumnado.

Desde los casos de homicidios dolosos contra estudiantes, perpetuados dentro de Ciudad universitaria, los actos de suicidio, asaltos fuera de planteles de preparatorias, violaciones de estudiantes [VIDEO] y más recientemente el homicidio de docentes junto a la desaparición de estudiantes como fuera el caso de Marco Antonio, alumno estudiante de prepa 8 quien desapareció por un periodo de cinco días al ser detenido arbitrariamente por elementos de la secretaria de seguridad pública (SSP) y el reciente fallecimiento de la profesora de Economía María Luisa como resultado de un intento de robo a mano armada a las afueras de FES Acatlán.

Sin embargo, el caso más alarmante fue la reciente riña entre dos sujetos ajenos a la institución, quienes presuntamente eran narco menuditas que escenificaron una balacera en las inmediaciones de ciudad universitaria que dejo como resultado dos personas muertas.

Todo lo anterior no hace más que influir a favor de la necesidad de una reestructuración de la seguridad de la universidad, poniendo en juego la Autonomía que por muchos años los estudiantes de cada generación han defendido.

Por su parte Enrique Graue rector de la UNAM ha implementado medidas para combatir este fenómeno, clausurando diversos puntos donde presuntamente se ubicaban los delincuentes, reforzando la vigilancia dentro del campus y otras medidas de seguridad.

El problema que no se acepta es que estas medidas no son solamente necesarias en ciudad universitaria si no en todas y cada una de las instalaciones de la casa de estudios requieren atención inmediata.

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Se han alzado voces en contra de la intervención del estado y se ha exigido un plan de acción eficiente para revertir estos males, así mismo se han condenado estos actos violentos que solamente manchan el prestigio de la universidad.

La comunidad universitaria a expresado su rechazo y refrenda su compromiso con preservar el carácter autónomo de la universidad nacional, es papel de las autoridades universitarias implementar medidas de mayor rigor sin necesidad de hacer uso de autoridades externas, por otra parte es tarea de el GCDMX garantizar la seguridad de los alrededores de las instalaciones, un trabajo en conjunto que respete y escuche las demandas de las comunidad universitario y no violente el legado autónomo universitario.