Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Eso dice textualmente el segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en los códigos de procedimientos, con excepción del Código Nacional de procedimientos Penales y la Ley Federal del Trabajo en su parte procesal, establecen el impulso procesal como obligación de las partes, lo cual implica que las partes - actor y/o demandado - deban pedir al Juez o Tribunal que haga lo que sigue.

Pedir lo que ya se pidió

Después de cada acto procesal es imprescindible pedir por escrito que se efectúe el siguiente, como si los juzgadores no supieran lo que se debe hacer; si no lo piden por escrito, al cabo de cierto período que varía desde cuatro meses hasta un año, se podrá decretar la caducidad de la instancia, lo cual significa que se pierde todo lo que se haya avanzado en el procedimiento y las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la demanda. Y esto ocurre con no poca frecuencia, ya que los ciudadanos desconocen los procedimientos jurisdiccionales y los abogados, también con frecuencia no despreciable, descuidan alguno de los procesos que se les ha encargado, por exceso de trabajo, (mismo argumento usado por jueces y tribunales cuando se les hace notar la lentitud con que manejan los asuntos) o por priorizar otros más lucrativos y cuando pretenden impulsar el proceso y solicitan la realización del acto correspondiente, les responden con un auto que declara la caducidad de la instancia y vuelve las cosas a su estado primitivo.

Si se trata de un derecho para cuyo ejercicio no se tiene plazo, se habrá perdido el tiempo y dinero invertidos, hasta el momento de la inconstitucional resolución de caducidad. En caso contrario, se habrá perdido irremediablemente el derecho que se intentó hacer valer. Y el litigio será, entonces, entre el frustrado actor que perdió su derecho por inactividad procesal y su abogado, a quien reclamará su abandono y negligencia; tal vez con ello logre alguna indemnización por incumplimiento de responsabilidad profesional, pero nunca el derecho que originalmente reclamó ante la autoridad jurisdiccional.

Indolencia jurisdiccional

¿Es que las autoridades jurisdiccionales no saben cuáles son las etapas del proceso?... ¿No sabrán qué acto del procedimiento es el que sigue para llevarlo a cabo tan pronto como culmine el anterior?... ¿O ignoran el contenido del artículo 17 constitucional, que los obliga a impartir justicia expedita? ¡Absurdo total! Las autoridades conocen perfectamente cada paso y cada plazo del procedimiento, pero se llenan de papel y de trabajo extra, lo cual contagian a los abogados al aplicar el referido principio de impulso procesal, pues dicho impulso implica un escrito y su correspondiente acuerdo o auto por cada acto, lo cual duplica el trabajo de ambos y retrasa inútilmente los procesos en perjuicio de los destinatarios de la justicia expedita, los ciudadanos.

Esto contradice abiertamente el artículo 17 constitucional que les ordena a todos los tribunales estar expeditos para impartirla de manera pronta, completa e imparcial. Los jueces no tienen derecho, ni facultades para abandonar el conocimiento de un asunto que les haya sido planteado por los ciudadanos, pero hasta la Suprema Corte de Justicia convalida esta práctica en su Jurisprudencia. Urge reformar el artículo 17 y dar mayor fuerza a las garantías que otorga.

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