El Gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto declaró que está disponible a colaborar con la Organización Nacional Unidas luego de que el Alto Comisario para los Derechos Humanos (Ohchr) acusara a las fuerzas de seguridad nacional de que están involucradas en crímenes en contra de la población civil.

La masacre de periodistas

El reporte del Ohchr denuncia la desaparición de 21 personas en el mes de febrero. Las mismas estaban detenidas en la cárcel de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

En dicha región fueron asesinados en el mes de mayo tres periodistas. El último de ellos se llamaba Héctor Gonzáles: fue golpeado hasta morir la semana pasada por parte de tres hombres que no estaban de acuerdo con los últimos artículos que publicó sobre la corrupción y la violencia en el estado de Tamaulipas. Estas hipótesis de homicidio fueron reveladas por medios de comunicación internacionales, ya que en la zona reina el silencio.

Las investigaciones de la Onu

Asimismo, el dossier presentado por la Ohchr señala la desaparición en Nuevo Laredo de cinco menores de edad, así como también el arresto arbitrario de algunos de los detenidos.

El gobierno mexicano anunció también que espera poder activar las investigaciones para dar con las personas desaparecidas, al mismo tiempo que adoptará medidas de seguridad para poner fin a la ola de violencia en le país. Las autoridades pidieron además una consulta urgente con el Alto comisario para los derechos humanos de la Onu para obtener más información de las investigaciones que han llevado a cabo en México.

Algunos medios han subrayado que más de 200.000 personas han perdido la vida o desaparecieron en el territorio mexicano desde el año 2006.

El Estado mexicano le ha declarado la guerra a la criminalidad, pero la violencia sigue cobrando la vida de muchos civiles, especialmente periodistas y defensores y activistas de los derechos humanos.

Medidas desesperadas

Los gobiernos de México y de Colombia están tratando de ponerle un freno a la violencia. Han decidido emprender una batalla en contra de las organizaciones criminales transnacionales porque el fenómeno de la violencia en América latina está “enfrentando una criminalidad especializada y en continua transformación”.

Con estas palabras Álvaro Osorio, delegado del fiscal general colombiano explicó el nuevo programa binacional. La cooperación entre ambos países se inauguró en Ciudad de México.

Destinos comunes

México y Colombia enfrentan una serie de problemas comunes que están relacionados con el crimen organizado. En una entrevista con el diario El Comercio, Osorio explicó que el tráfico de drogas ha desencadenado una corrupción bastante difundida en el continente, que conlleva a la amenaza de la seguridad de los estados y a la estabilidad democrática.

El desafío es el desmontar esa organización criminal desde la raíz. Los tentáculos visibles de gestión económica y financiera desaparecer con esta medida.

Por otra parte, los delegados también concuerdan en que el único modo de enfrentar a la criminalidad transnacional es hacerlo con una mayor cooperación entre los diferentes países involucrados. Hay que aumentar los acuerdos entre los servicios de intelligence, las fuerzas de seguridad y las mismas autoridades para que se logren procedimientos penales coordinados.

Es importante recordar que hace algunas semanas un narcotraficante mexicano volvió a la libertad – luego de años de trabajo para dar con su paradero y capturarlo – porque la burocracia italiana tardó en procesar la petición de extradición. Un grave error que, se espera, no vuelva a ocurrir.

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