El 17 de febrero, laPGR negó a la comisión especial del congreso información sobre elcaso Tlatlaya, donde militares ejecutaron a 22 presuntosdelincuentes. Esto, enmarcado al reciente “carpetazo” queintentó dar la PGR del caso Ayotzinapa, en el que padres de familiay organizaciones no gubernamentales señalan al ejército comoimplicado. Recientemente Enrique Solana Sentiés, presidente de laConfederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, salió adefender al ejército, expresando que no permitirá la entrada a loscuarteles del ejército.

En enero pasado, luego de que padres defamilia de los desaparecidos intentaran ingresar al cuartel enIguala, el procurador Murillo Karam, aseguró que los cuarteles sonaccesibles a los ciudadanos. Díasantes de las expresiones de la Concanaco, Lorenzo Servitje, fundadorde Bimbo, llamó a los empresarios a apoyar al presidente de laRepública.

Podríamoscontextualizar un poco más,tenemos a la ONU, Organizaciones defensoras de los derechos humanos ya grandes sectores de la opinión pública internacional presionandoy criticando a las autoridades mexicanas -crítica no muy bienrecibida de estas.

Porotro lado, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, elmexicano Carlos Slim -nofavorecido por la actual administración Priísta- sumándose a la andanada contra el Gobierno mexicano, sinmencionar el poder económico que mantiene en el país.

Además, aún cuando las protestas por la desaparición de los 43normalistas de Ayotzinapa hayan disminuido, quedaron terriblessecuelas para el gobierno: Guerrero, Oaxaca y Michoacán -casoaparte-, se encuentran en llamas, en tanto que las protestas contrala corrupción, la impunidad y personajes nefastos de la políticaaumenta en sitios como Puebla y Chiapas, sin mencionar Estados desobra conocidos por estar sometidos al narcotráfico, comoTamaulipas, y otros por los que la preocupación internacionalaumenta día a día, como Veracruz y sus periodistas muertos; lasreformas estructurales impulsadas por el Pacto por México dejaronencendidos los ánimos de grandes sectores de la sociedad -incluidala CNTE, que no ha parado de hacerse presente en el D.F.

y Oaxaca-,reformas que, dicho sea de paso, requerían de una buena imagen en elextranjero para atraer las inversiones que ahora no parece que vayana llegar a montones; los precios del petróleo caen, y los recortespresupuestarios no se han hecho esperar -sólo se seguirán esperandoeternamente en lo que respecta al INE y las elecciones y los salariosde los altos funcionarios-. Evidentemente, el gobierno no está muycontento, mucho menos los empresarios y, menos aún, la población engeneral.

Anteun Estado que pareciera estar desmoronándose, encabezado por unaadministración que se ha visto más que rebasada, sumada a unacreciente indignación y a protestas cada vez más agresivas-respondidas con una represión cada vez más brutal-, la instituciónque debe ser llamada a defender los intereses de la nación-entiéndase aquí por “nación” a aquellos que se hanbeneficiado económicamente de las malas mañas de laadministración-, claman por su defensa.

Tanto el caso Iguala como elcaso Tlatlaya han sido botones de muestra de la corrupción delejército, misma corrupción que ha permitido a gran número deempresarios, aumentar sus fortunas. Los empresarios defienden hoy alejército que, para defender a sus personas o intereses, necesitaránmañana.

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