El tema de la seguridad sigue dando de qué hablar en México. Con las elecciones presidenciales en puerta, el gobierno de Enrique Peña Nieto está enfrentando duras críticas por la reforma de la Ley de seguridad interna aprobada el viernes en el Congreso mexicano.

La petición de Amnesty International

El secretario general de Amnesty International, Salil Shetty, envió una carta abierta al presidente Peña Nieto en la que lo invita a rectificar su posición sobre la nueva normativa. A causa de la definición de “seguridad interna”, que al parecer es general, Amnesty International teme que el uso de las fuerzas armadas pueda provocar graves violaciones de los derechos humanos.

Son famosos algunos casos de torturas, asesinatos y desapariciones ejecutados por parte de miembros de ejército en nombre de la “seguridad nacional”. La estrategia de la ley es usar el ejército para mantener el orden público en las calles. Hace más de 10 años se hizo lo mismo, en la llamada guerra en contra del narcotráfico, y los resultados fueron fallidos. México se volvió un país mucho más violento.

Sin embargo, el gobierno mexicano siente que tiene dar respuestas, especialmente durante la campaña electoral. El 2017 ha sido el más violento de los últimos años. El índice de homicidios es el más alto de los últimos 10 años. Por ello Peña Nieto ha decidido firmar la ley, aprobada por los congresistas.

Entre cooperación y militarización

El Senado mexicano ha modificado 10 artículos de la polémica ley sobre la seguridad interna, después de las numerosas críticas por parte de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos.

La ley autoriza el uso de las fuerzas militares en las operaciones de seguridad nacional y aumenta el poder de control de los mismos sobre los ciudadanos. El periódico mexicano “Excelsior” sostiene que no se trata de una militarización del País, ya que el artículo 22 de la ley explica que las autoridades intervendrán en caso de amenaza [VIDEO] “cooperando en el ámbito de su competencias y bajo la coordinación de las autoridades designadas”. Si la situación no amerita la intervención de las fuerzas armadas, el presidente de la República podrá nombrar a la autoridad civil que corresponda según el ministro de Interiores.

Las modificaciones al proyecto de ley

Entre los artículos principales enmendados por el Senado está el número 7, que establece que “los actos desarrollados en el ámbito de la aplicación de la ley tienen que respetar, proteger y garantizar en cada momento y sin excepciones los derechos humanos, en conformidad con las disposiciones de la Constitución y los tratados y protocolos internacionales emitidos por las autoridades competentes”.

Asimismo, el artículo 8 dice que las “concentraciones y marchas de protesta social o aquellas que tienen un objetivo político-electoral se desarrollan en conformidad con la Constitución, no serán consideradas en ningún caso amenazas en contra de la seguridad interna”.

El pasado 5 de diciembre el Alto Comisario de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Zeid Ra‘ad al-Hussein, pidió al Senado mexicano que no aprobara el proyecto de ley [VIDEO]. En un comunicado oficial, el representante explicaba que reconoce los desafíos en en el tema de seguridad de México, pero recuerda lo ocurrido en el pasado, cuando las fuerzas armadas lucharon en contra de los carteles de la droga. “Siguen – agregó – los casos de violencia, asesinatos, torturas y desaparecidos […] Crear un nuevo cuadro jurídico para regular las operaciones de las fuerzas armadas en la seguridad interna no es una respuesta adecuada”. Según Ra‘ad al-Hussein, con esta nueva ley se debilitará el rol de las autoridades civiles.

La ley cuenta con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las críticas de Por México al Frente, alianza del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución democrática (PRD) y la lista cívica Movimiento Ciudadano.