La disputa sobre si las leyes de los Estados Unidos otorgan al gobierno el poder de hacer que las compañías tecnológicas entreguen los datos que tienen sobre los usuarios que están almacenados en el extranjero. El caso data de 2013, cuando los fiscales buscaron correos electrónicos en un servidor de Microsoft en Irlanda enviados por un sospechoso de tráfico de drogas. El gobierno de Estados Unidos dijo que Microsoft era una compañía estadounidense, por lo tanto, que se podrían solicitar los datos.

Amplio soporte

Microsoft impugnó esta interpretación, diciendo que una orden judicial emitida en los Estados Unidos no podría utilizarse para recuperar información fuera de este país. Dijo que el gobierno de Estados Unidos debería usar tratados firmados con otras naciones para acceder a datos que se encuentran en suelo extranjero. También dijo que era probable que los clientes dejaran de usar sus servicios y los de otras compañías tecnológicas de los Estados Unidos si pensaban que el gobierno de pudiera acceder a la información sobre ellos sin importar dónde se encuentren.

Apple, Amazon, HP, eBay, AT&T, Verizon y Salesforce se encuentran entre las empresas estadounidenses que han expresado su apoyo a la postura que mantiene Microsoft.

El primer fallo en el caso se produjo en 2014, cuando un tribunal dijo que el gobierno de los Estados Unidos tenía jurisdicción sobre los datos almacenados en el extranjero que tenían las compañías estadounidenses. Cosa que Microsoft apeló contra esa decisión, en la cual, el tribunal falló a su favor el año pasado.

La administración de el presidente Trump presentó su propia apelación contra esa decisión y pidió que la Corte Suprema decidiera sobre dicho asunto. Se espera que el tribunal emita un fallo en el caso a fines de junio.

Una decisión podría ser irrelevante ya que los legisladores estadounidenses han propuesto cambios a la ley existente, conocida como la Ley de Comunicaciones Almacenadas, que contiene la ambigüedad que rodea a los datos en el extranjero.

La legislación propuesta permitiría a los jueces estadounidenses emitir órdenes de compra de datos, pero también les permitiría a las empresas oponerse si la solicitud chocara con sus obligaciones bajo las leyes extranjeras. Así pues, este enfrentamiento determinará el verdadero alcance que puede llegar a tener el gobierno Norteamericano, en especial con las compañías tecnológicas con servicios en sus respectivas nubes.

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